En todo caso la participación del Gobierno de Chile tendrá un coordinador a nivel ministerial, el cual velará para que las propuestas que se realicen en el marco de la construcción de la norma no se contrapongan ni sean inferiores a la normativa actualmente vigente, incluyendo los tratados sobre las materias abordadas, ratificados o en proceso de ratificación, como también en relación con los aspectos laborales, de seguridad social y medioambientales de los Acuerdos de Libre Comercio.

En relación al mismo tema, recalca también que corresponde al Estado regular las normas básicas laborales y medioambientales, y su fiscalización y  control en el ámbito nacional, por lo tanto los acuerdos no tienen carácter jurídico vinculante para el Estado, haciéndose reserva de sus facultades reguladoras y fiscalizadoras.

Por todo lo anterior, tampoco sería correcto decir que el cumplimiento de ISO 26.000, significaría por sí misma, en caso alguno una especie de "certificado" de cumplimiento de las normas legales chilenas.

Las organizaciones de consumidores, también se hacen cargo de esta materia, señalando la importancia del respeto de las leyes nacionales, y llamando a ISO a cumplir un rol de servir de puente entre la legislación internacional y nacional. De esta forma ISO debe ser una herramienta para las empresas que quieran hacer más de lo que demanda la ley.