El análisis de los factores de la baja participación de la mujer en el mercado laboral chileno revela que se asocia a discriminaciones de género realizadas principalmente por las empresas, y que encuentran su origen -o excusa- en los roles domésticos atribuidos a las mujeres; en la desigual carga de los costos de la reproducción humana y los supuestos costos extras que acarrearía al empleador la contratación de mujeres.

La discriminación aumenta las tasas de desocupación femenina, las posiciona en condiciones precarias e informales de trabajo, las perjudica con salarios inferiores a los de los hombres y con una alta segmentación ocupacional en puestos de baja remuneración, todo lo que consecuencialmente lleva a la feminización de la pobreza.

La responsabilidad social empresarial -entendida como el compromiso ético y voluntario que las empresas adscriben con la comunidad y/o trabajadores (as) para la solución de los problemas sociales- es un mecanismo útil en la lucha contra la discriminación laboral a las mujeres.

Son muchas las políticas de buenas prácticas que una empresa socialmente responsable puede adoptar para luchar en pos de la equidad, las que se deben llevar a cabo en consenso con los grupos de interés y a través de una política de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género que contemple un plan de igualdad con medidas concretas de acción destinadas a generar cambios en la cultura organizacional de la empresa y finalmente de la sociedad.

La lucha contra la pobreza y la desigualdad de género comienza con el trabajo estable y en condiciones de salud y seguridad, con protección social y remuneraciones justas e igualitarias, siempre en respeto de los derechos laborales y constitucionales.