En economía siempre se habla del equilibrio de mercado entre la oferta y demanda de productos. Teóricamente, bajo varios supuestos de competencia perfecta, esta relación se regularía por la “mano invisible” . Sin embargo, existen fallas de mercado que atentan contra la perfección de éste equilibrio, y que surgen a partir de la inexistencia de los supuestos, como por ejemplo los siguientes, entre otros:
-    Diferencia de conocimiento entre los oferentes y demandantes: las partes poseen diferente información respecto al intercambio de bienes y servicios, generando ventajas de negociación principalmente para los oferentes (saben más respecto a los productos y servicios ofrecidos; generan información estándar frente a receptores heterogéneos).
-    Acceso a la información: los oferentes generan información masiva y estándar, lo que dificulta el acceso a la información particular que requiere cada demandante y, por lo tanto, disminuyen sus análisis o sus comparaciones al momento de realizar las compras de bienes o servicios, disminuyendo así su posición negociadora.
-    Cautividad de los consumidores: muchas veces, los demandantes están cautivos frente a los productos o servicios que se ofertan, donde tienen costos muy altos para optar por productos de la competencia o alternativos, lo que genera claramente una desventaja frente a los demandantes.
-    Costos de solución de conflictos: cuando no se cumplen las condiciones ofertadas o surgen problemas de post-venta, existen costos altísimos para los demandantes, considerando que deben invertir tiempo para la tramitación de la solución y muchas veces recursos (denuncias en tribunales por ejemplo, costo de oportunidad, papelerías, etc.).
Es así que, para un adecuado funcionamiento, es necesaria la participación de terceros (respecto a oferentes y demandantes), es aquí donde el Estado toma un rol fundamental para velar por el interés de las partes, para que el mercado funcione de manera competitiva, resguardando que se superen las falencias del mercado, principalmente de los más desprotegidos.
En la medida que las empresas oferentes generan prácticas más responsables socialmente, facilitan la relación con los consumidores de bienes y servicios, ya que velarán por mejorar toda la relación con sus clientes.
Al igual que la relación entre la oferta y demanda de bienes y/o servicios, debería existir un equilibrio de mercado entre trabajadores/as y empresas. Si pensamos económicamente, esta relación es similar a la de bienes y servicios, ya que por un lado las empresas ofrecen trabajo para poder producir los bienes y servicios que disponen a sus clientes, para lo cual requieren de trabajadoras/es que satisfagan dicha oferta, y quienes aportan con sus conocimientos, competencias y experiencias a cambio de la remuneración y desarrollo profesional.
En esta relación entre trabajadoras/es y empresas, sería esperable que existiese el mismo equilibrio teórico, considerando que cada una de las partes depende de la otra para satisfacer sus necesidades.
Al igual que en la relación mencionada al principio del texto, existen fallas de mercado que afectan el equilibrio que debería darse entre las empresas y trabajadoras/es, entre las cuales destacan las similares fallas de mercado:
-    Diferencia de conocimiento entre las/os trabajadoras/es y empresas: en general existen diferencias en los conocimientos sobre decisiones que se toman al interior de la empresa, que tienen efectos sobre las/os trabajadoras/es, y por lo tanto existe disparidad en la toma de decisiones de las partes no tiene la misma información.
-    Acceso a la información: muchas veces la información que afecta la toma de decisiones de los trabajadores no está a disposición de éstos, lo que limita o genera incertidumbre de éstos, diminuyendo su posición negociadora frente a la empresa y, por lo tanto, en desventaja. Por otra parte,
-    Cautividad de las/os trabajadoras/es: muchas veces las/os trabajadoras/es se encuentran amarrados frente a las decisiones que afectan negativamente el pasar de ellas/os, que en ocasiones son abusos de la empresa o de los ejecutivos directivos, y donde existen restricciones (o miedo) para enfrentar y buscar la eliminación de esta cautividad.
-    Costos de solución de conflictos: existen costos (despidos, persecución laboral, exposición pública, limitaciones de desarrollo, etc.), muchas veces altísimos para las/os trabajadoras/es, para enfrentar y buscar soluciones a los problemas que afecten su bienestar, tranquilidad o sus beneficios.
Por lo tanto, aquí también es relevante la acción del Estado, para mediar los conflictos que suceden en esta relación, además de fomentar que este equilibrio sea de forma más transparente y homogénea para ambas partes, evitando los abusos que puedan generar cada una de ellas frente a la otra. Sin embargo, existen recursos limitados, por lo que la labor del Estado se ve restringida a la capacidad operativa y recursos que pueda implementar con este fin.
Debido a estos argumentos, se hace indispensable que las empresas puedan generar prácticas responsables hacia sus  trabajadoras/es, que complementen y fortalezcan el adecuado equilibrio y contribuyendo así al desarrollo de ambas partes, obteniendo así una mejor relación entre ellas y por lo tanto mejores resultados.

Bajo los argumentos anteriores, considerando sólo una dimensión de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, el compromiso hacia los trabajadores no sólo busca generar una buena relación para un stakeholder importantísimo para las organizaciones (como mencionaba en columna anterior) lo que se traduce en mejores resultados internos de la misma, sino que también aporta en la disminución de las fallas en la relación entre las/os trabajadoras/es y las empresas, conviviendo de mejor forma y fortaleciendo el beneficio mutuo que esta relación genera.